Cuatro años han tenido que transcurrir en el tiempo para que el Pleno de nuestro Alto Tribunal, garante de la Constitución española del 78, sentenciara sobre el recurso de inconstitucionalidad planteado por más de cincuenta diputados del grupo parlamentario popular contra la Ley Orgánica 6/2006, de 19 de julio, de reforma del Estatuto Autonómico de Cataluña. El presidente del gobierno español, Rodríguez Zapatero, en la campaña electoral de 2004, se comprometió con el PSC y con los catalanistas en potenciar un pacto de Estado que fomentara el proyecto soberanista de los llamados partidos nacionalistas catalanes. En palabras suyas, defendería y avalaría aquel Estatuto que el Parlamento de Cataluña aprobara, sin ningún límite o cortapisa. Así pues, en 2006, vimos como las Cortes aprobaban esta ley orgánica con el voto negativo del Partido Popular y un Zapatero que elogiaba el texto estatutario procedente de las instituciones catalanas, señalando que era plenamente constitucional.
De todos es sabido ya, que de los 114 artículos recurridos por el Partido Popular, 14 se han considerado como inconstitucionales y 27 como interpretables según sentencia del Pleno del Tribunal Constitucional Español. Como demócrata y defensor del Estado de Derecho y el imperio de la ley, es conveniente decir que es necesario acatar toda sentencia de nuestros tribunales, y por tanto, del Poder Judicial de nuestro país. Es una irresponsabilidad negar, deslegitimar y no acatar la nueva jurisprudencia del TC sobre las autonomías, y más concretamente sobre el “Estatut”, llamando a los catalanes a la movilización y el incentivar la radicalidad separatista, como ha perpetrado los líderes del PSC, Esquerra Republicana, CIU…
A pesar de ello, y siempre defendiendo la obligación y necesidad de acatamiento de la sentencia, no tiene por qué no ser saludable para la democracia diferir ella públicamente. Si varios miembros del TC han votado en contra de artículos y han manifestado abiertamente en el pleno su negativa sobre cierto articulado de esta ley orgánica, ¿por qué no divergir sobre ella?... y es que señores, acato la sentencia pero discrepo notablemente sobre ella.
En estas últimas semanas, el líder de la oposición, Mariano Rajoy, la única y creo que la más cualificada alternativa para la presidencia del gobierno español, ha mencionado en varias ocasiones que el Alto Tribunal es un órgano legítimo y legitimado para tomar y dictar decisiones sobre la constitucionalidad de las leyes. Es más, que no adopta decisiones políticas sino jurídicas y que su composición no obedece a una cuestión política sino meramente judicial. Permitidme mi atrevimiento y mi manera de ser políticamente incorrecto, pero pienso que el señor Rajoy se equivoca en estas últimas afirmaciones, y una prueba de ello es esta misma sentencia.
Es necesario introducir en el apartado sobre la independencia del Poder Judicial de nuestro programa electoral, la despolitización del Tribunal Constitucional, constituido por doce magistrados, designados por el Rey a propuesta del Congreso de los Diputados (cuatro), el Senado (cuatro), (dos) el Gobierno, y (otros dos) el Consejo General del Poder Judicial. No hay que analizar mucho para observar como la selección de los jueces constitucionales esta marcada políticamente. Por consiguiente, un tribunal en estas condiciones es un tribunal político formado por políticos. Podriamos solamente decir que los dos magistrados propuestos por el CGPJ son electos por una mera cuestión jurídica, pero si analizamos la composición de este órgano observamos su partidificación y politización existente, debido al papel de las diferentes asociaciones de juristas vinculadas a los dos partidos políticos predominantes.
¿Por ello, debemos deslegitimar o no acatar la sentencia?, de ningún modo. Pero me preocupa la estructura del TC a la hora de crear jurisprudencia pues en esta propia sentencia al analizarla observamos ambigüedad y paradoja. El caso más claro es la cuestión del término nación. El TC permite los términos “realidad nacional catalana” y “Nación catalana”, aunque señala, sin valor jurídico o vinculación jurídica. Se apoya en concretar que estos términos se encuentran en el Preámbulo. Algunos juristas hacen hincapié que estas exposiciones de motivos carecen de valor normativo, por el contrario otros afirman y comparto su postura, que a pesar de no tener valor normativo, sí tienen gran importancia, ya que son fuente directa de interpretación para aplicar una función interpretativa teleológica de la norma. Por consiguiente, el Preámbulo es la fuente más fiable para entender el sentido o finalidad de la ley, es el alma, el espíritu de esa ley concreta, y si nombra a Cataluña como Nación, está por tanto, invitando y llamando a una Comunidad Autónoma a considerarse como Nación, abriendo con ello la puerta en un futuro a la formación de un Estado soberano independiente. Incongruente, y no tiene otro calificativo, el decir que no es una nación, pues no tiene efectos jurídicos, pero permitirles que se llamen así, aunque sea en el Preámbulo.
Así podemos comentar otros muchos artículos, pero dejémoslo… es evidente que con tan sólo comentar y analizar éste,observamos lo ambiguo de la sentencia.
Mientras tanto, el gobierno con su afán persecutario al PP. De la Vega declara que el Partido Popular ha sufrido una derrota en toda regla, Alonso que el Estatuto es un 95% constitucional… y es que no saben mirar más allá de lo ocurrido. No comprenden que lo importante no es la cantidad, lo cuantitativo, sino todo lo contrario, lo cualitativo. Si no fuera por el recurso del Partido Popular, ahora mismo el Estatuto tendría una parte inconstitucional. El hecho es que Zapatero defendió e impulsó un Estatuto en el que una parte sustancial de su contenido estaba fuera de la Constitución. Para nada esto es una victoria para ZP, todo lo contrario, ha conseguido el enfrentarse ahora al tripartito catalán y parte de la oposición catalana representada por CIU, además de la mayoría de ciudadanos españoles que creemos en España como Estado de las Autonomías, sin ver a Cataluña como enemigo, sino con solidaridad y fraternidad, pues como al igual que Andalucia, Madrid o Castilla y León es una parte más de la unidad de la nación española…
Diga lo que diga la clase dirigente catalana, sentirse lo nación que quieran, movilizarse gritando junto a la bandera de una ficticia nación, protestar y no acatar la sentencia del TC… podrán hacer todo ello e incluso deslegitimar el sistema político democrático español, pero mientras tanto, no hay ni habrá más nación que una, la Nación Española, eso sí, mientras que impere la Constitución del 78…
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